La Asamblea Legislativa ha otorgado al Órgano Ejecutivo la facultad para restringir la libertad de tránsito y de reunión con el objetivo de prevenir casos de contagio por Coronavirus (Covid-19), luego de dos maratónicas sesiones en las que también se aprobó un régimen de emergencia nacional para prevenir la extensión de la pandemia en El Salvador.
El sábado 14 de marzo, pese a la presión de la presidencia de Nayib Bukele para obtener dos decretos sin mayores obstáculos (un régimen de excepción y una emergencia nacional), la oposición política le bajó los tonos a las pretensiones del Ejecutivo antes de permitirle atender la emergencia con dos cartas a su favor: restringir la movilidad en el territorio y hacerse de recursos de maneras más expedita. Eso sí, la Asamblea prohibió vía decreto que se toquen otros derechos constitucionales como la libertad de expresión, de asociación y de intervenciones telefónicas y correspondencia.
Con una segunda ley, la que declara estado de emergencia nacional, la Asamblea también logró mantener la fiscalización del movimiento de fondos públicos, empréstitos y de cooperación que podrán ser redistribuidos para atender la emergencia sanitaria, atribuyéndose sesiones de urgencia para aprobar la movilización de esos recursos sin mayores contratiempos.
En concreto, la “Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVIDー19” restringirá, en un plazo de 15 días, dos garantías constitucionales: la libre circulación y la libertad de reunión, con el objetivo de evitar contagios de coronavirus.
Según la Presidencia, ambos decretos han quedado “legalmente constituidos a partir de este 14 de marzo”. Sin embargo, fuentes de la Asamblea Legislativa aseguraron a El Faro que la redacción final del decreto de la Ley de restricción temporal de derechos constitucionales” no alcanzó a ser firmado por la mayoría de membros requerida de la Junta Directiva, y que será enviado a Casa Presidencial hasta el domingo 15. El proceso normal de creación de ley obliga a una sanción favorable del Legislativo, el envío oficial hacia el Ejecutivo (con la firma de la mayoría de directivos de la Asamblea) y una sanción favorable del Presidente. Luego de esos procesos, es enviado al Diario Oficial para su publicación.
El decreto, que entrará en vigencia una vez sea publicado en el Diario Oficial, restringe el libre tránsito, y el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. La medida busca potenciar las labores de prevención en las zonas fronterizas y disminuir los riesgos de contagio en aglomeraciones públicas y en los puntos del país que las autoridades identifiquen como “zonas de riesgo”.
Los salvadoreños que quieran ingresar al país deberán pasar por un proceso de cuarentena, según lo estipulen las autoridades, pero no se prohíbe la salida de connacionales del territorio.
En El Salvador, según el Gobierno, no ha sido detectado ningún caso positivo de infección por COVID-19. Según el presidente Bukele, de 37 casos sospechosos de infección que le han presentado, todos han dado negativos hasta el sábado 14.
En la región centroamericana, solo El Salvador y Nicaragua no reportan casos de contagio. En Guatemala se reportó un caso el viernes 13, mientras que en Costa Rica, Honduras y Panamá se reportan casos desde inicios de marzo, superando la treintena entre los tres países. Costa Rica lidera la lista en la región con 26 casos confirmados.
Frenos y concesiones a Bukele
El gobierno de Nayib Bukele, que desde que presentó las propuestas de ley abrió una nueva campaña contra la Asamblea Legislativa, celebró desde la noche del sábado 14 la aprobación de los decretos. Sin embargo, las redacciones finales de las dos leyes aprobadas por la Asamblea se distancian de las pretensiones originales de la Presidencia.
Según el Gobierno, con el objetivo de prevenir la propagación del Covid-19, buscó a través de dos vías hacerse de facultades constitucionales para restringir aglomeraciones de personas (riesgos de infección) y para hacerse de recursos necesarios para atender la emergencia (a través de movimientos de recursos para Salud).
Para lograr el primer objetivo propuso un régimen de excepción, una medida cuestionada por organismos de derechos humanos y diputados de la oposición. El principal temor hacia la propuesta lo marcó el precedente más cercano de Bukele: el 9 de febrero, acuerpado por militares y policías fuertemente armados, el mandatario se tomó la Asamblea Legislativa para presionar la aprobación de la negociación de un préstamo de 109 millones para financiar su plan de seguridad. Según la Constitución, el régimen de excepción comprende la suspensión de garantías constituciones entre las que se incluyen la libertad de asociación y de expresión.
A finales de la semana, y luego de sortear las críticas, el Gobierno señaló que no buscaba afectar esos derechos, pero arremetió contra la oposición, al señalarlos como futuros responsables de una crisis de salud si no votaban los decretos.
La segunda apuesta fue la de pedir un régimen de emergencia, en el cual se libera al Gobierno para que pueda hacer uso de fondos públicos con controles más laxos de parte de la Asamblea Legislativa.
Tras el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo emanado tras el 9 de febrero, la Asamblea se tomó su tiempo para estudiar las propuestas y bajarle el tono a las intenciones del Ejecutivo.
En concreto, los diputados modificaron la propuesta original de la “Ley de emergencia nacional de la pandemia COVIDー19” para hacerla más transparente en el manejo de recursos públicos.
El Ejecutivo había pedido tener la autonomía para hacer movimientos de fondos públicos entre distintas instituciones sin el aval de la Asamblea, pero quedó establecido que la Asamblea autorizará esos movimientos en reuniones que serán convocadas con urgencia.
Mientras el Ejecutivo quería hacer compras sin seguir la Ley de Adquisiciones, la Asamblea estableció que pueden hacer compras directas solo de “bienes y servicios relacionados con la atención de la salud de la población”, y deberá rendir informe de esas compras.
Hasta el viernes 13, el Ejecutivo también pedía un cheque en blanco para transferir fondos públicos a personas naturales y entidades privadas para atender la emergencia. Este artículo fue suprimido, al igual que otro artículo que autorizaba a Hacienda a gestionar recursos financieros de entidades u organismos multilaterales.
En la ley considerada como un “Régimen de Excepción”, el Ejecutivo propuso “suspender” dos garantías constitucionales, pero el decreto que votaron los diputados fue cambiado el verbo hacia una “restricción”. Los diptados, además, delimitaron en qué casos puede el gobierno limitar el derecho de libre tránsito por el territorio y el tipo de reuniones que puede prohibir con el fin de garantizar la salud de la población.
El artículo 29 establece que a través del Régimen de Excepción pueden suspenderse por un periodo de 30 días algunas garantías constitucionales debido guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general. En el decreto aprobado el sábado quedó enunciado que no se restringirá la libertad de expresión y el plazo de las restricciones se redujo a 15 días que podrían ser prorrogables.
En lo que terminó cediendo la oposición, o más bien la oposición liderada por la mayoría de diputados de derecha, fue en la cesión de la ley de restricciones que, a juicio de una minoría (25 diputados), no era necesaria. Sobre todo después de lo ocurrido el 9 de febrero.
En la primera sesión plenaria que intentó atacar las dos propuesta de ley (viernes 13, madrugada de sábado 14), los partidos de oposición (Arena, FMLN, PCN y PDC) ya habían definido, como bloque, votar por la Ley de emergencia pero no por el régimen de excepción.
Hasta la madrugada del sábado 14, funcionarios del Gabinete de Gobierno cabildearon para que se aprobarán ambas leyes, y en las negociaciones tras la primera sesión de consultas (4:30 a.m.) lograron encontrar una fisura en el partido Arena, que terminó cediendo sus votos para votar la segunda ley el sábado por la noche.
Dos fuentes que conocieron de las últimas negociaciones entre la jefa de gabinete Carolina Recinos con el partido Arena, y que hablaron con la condición de anonimato, aseguran que en la madrugada Casa Presidencial presionó a los partidos Arena y PCN para que unieran sus votos a Gana para aprobar el régimen de excepción. La amenaza, dicen las fuentes, era que si solo se aprobaba la Ley de Emergencia esta sería vetada por Presidencia, cuyos funcionarios, durante todo el viernes y sábado, encendieron antorchas contra los diputados que estuvieran 'en contra de la vida' de la población.
“La Constitución prevé el Estado de Excepción para situaciones ‘excepcionales’ que nuestro país pueda sufrir en algún momento de su historia. ¿Qué tipo de situación excepcional están esperando los diputados que no quieren aprobarlo?”, escribía Bukele horas antes de la votación.
Al cierre de la jornada, los partidos de derecha se unieron a Gana, el partido oficial, y sumaron 58 votos. En Arena, algunos de los diputados propietarios fueron sustituidos por suplentes, en una maniobra que ya ha sido cuestionada por la Sala de lo Constitucional, que ya ha anulado decretos cuando las fracciones echan mano de suplentes, a último minuto, para conseguir una votación.
